Sobre el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Estos días abundan los discursos acerca del reemplazo de la Ley 22.285, la Ley de Radiodifusión sancionada en nuestro país durante la última dictadura. Desde ContraHegemonía también estamos debatiendo sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se propone para reemplazarla. Pero antes de meternos en el proyecto y de decir si estamos “a favor” o “en contra” de la nueva ley, creemos que es necesario detenernos y pensar en el momento y en la modalidad en que la discusión se está llevando a cabo.

La iniciativa oficial surge tras la disputa entre el Gobierno y el sector rural, que comenzó en marzo del año pasado. Esto quebró una relación de confidencia, con favores de uno y otro lado, entre los grandes grupos mediáticos y el Gobierno de los Kirchner. Durante la presidencia de Néstor se sancionó, en el 2005, el decreto 527/05 que extendía el plazo de licencias a los dueños vigentes por diez años. La lucha mediática que se generó con el conflicto agropecuario provocó un giro en la posición de la Casa Rosada debido al respaldo de estos mismos grupos a sus socios de las patronales rurales. Así como consideramos en su momento que el relanzamiento del Observatorio de medios no funcionaba más que como un arma en esa batalla, podríamos interpretar que esta nueva discusión tiene el mismo sentido, tal como han hecho determinados actores. Sin embargo, tampoco simplificamos el tema, ni caemos en el discurso deshonesto y tergiversado de los grandes grupos de medios que denuncian en esta política un acto de censura y de avasallamiento de la libertad de prensa.

El debate en la agenda pública se presentó bajo la forma de una polarización con la que no nos identificamos. No caeremos en la defensa ciega de un proyecto de Ley planteado por el kirchnerismo como la “Ley de la democracia” en oposición a la “Ley de la dictadura”. Por dos razones: por un lado, este planteo es una operación retórica estratégica, pero no del todo cierta, ya que la actual legislación no es solamente resabio de la dictadura, sino que muchas modificaciones –regresivas en términos de democratización y derecho a la comunicación- fueron realizadas bajo los distintos gobiernos democráticos que le sucedieron (por ejemplo el decreto 527/05 recién mencionado). Y por otro lado, si realmente se trata de un anteproyecto abierto a modificaciones, críticas y aportes de todo tipo, no será nuestra tarea posicionarnos frente a él sino más bien estudiarlo, desgranarlo, y participar en su armado, sobre la base de que reconocemos la necesidad de reemplazar a la Ley de Radiodifusión vigente.

Además de los grandes multimedios y del gobierno nacional, hay en el campo de la comunicación muchos otros actores que reclamamos la democratización del mismo desde hace años y la sanción de una nueva ley es la instancia más adecuada, que trascenderá al gobierno que la sancione.

Sin embargo, una vez más vemos que el discurso oficial hace aguas. Se presenta un proyecto para debatir democráticamente pero se crean instancias con una disponibilidad para la participación muy limitada. Además del completo secreto en que fue elaborado y del poco tiempo que media entre la presentación del proyecto y su presentación al Congreso, no existen instancias de traducibilidad del lenguaje legal en que está escrito, de manera de acercarlo realmente a la sociedad en su conjunto, y se organizan Foros de debate que recorren el país (incluyendo nuestra facultad) pero que no fomentan la participación de todos los actores implicados e interesados en debatir sobre el tema. Tanto la Universidad como la sociedad en general tienen que tener un espacio desde donde aportar sus inquietudes, críticas e ideas.

Se desconocen los mecanismos que utilizará el Gobierno para garantizar que, tal como planteó el actual interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, “aquellos aportes que coinciden con el espíritu del Ejecutivo serán incorporados”. Incluso, en nuestra facultad, sede de la carrera de Comunicación más grande del país, el debate impulsado institucionalmente fue insuficiente, con escasas posibilidades de participación para quienes tuvieran un discurso potencialmente disidente.

En resumen, un mapeo del contexto nos arroja una situación paradójica en la que una ley que se propone fortalecer la democracia pretende nacer y consolidarse en condiciones poco equitativas, participativas o inclusivas del conjunto de la sociedad.

Creemos pertinente señalar algunas cuestiones abordadas en el anteproyecto de manera, a nuestro entender, erróneas o imprescindiblemente modificables para que la ley sea realmente progresiva. En primer lugar, saludamos la intención de reservar el 33% del espectro radioeléctrico para las personas jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, la imprecisión en cuanto a las diferencias entre quienes pueden entrar en esta clasificación hace difícil pensar cómo los medios populares, comunitarios y/o alternativos van a competir ante fundaciones, sindicatos, iglesias y otras organizaciones con un mayor poder económico para obtener el acceso a las licencias. Por eso, se debe definir específicamente a estos actores por sus características y su amplio trabajo en la difusión y en la lucha por una real democratización del campo de la comunicación.

Otro aspecto que nos toca íntimamente es la posibilidad de que las Universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. Sin embargo, se deja sin especificar algo esencial, que tiene que ver con los recursos para llevar a cabo el funcionamiento de los medios universitarios. No están establecidos nuevos recursos estatales, y de este modo se ve favorecida la generación de relaciones comerciales entre la Universidad y el mercado. El proyecto tampoco se expresa exhaustivamente sobre el proceso de digitalización, ni sobre la regulación del triple play, por lo que de aprobarse la ley esto quedaría librado a la interpretación, y a priori favorecería a los grupos que detentan el poder económico necesario para su aplicación. Un punto importante es el cambio en la Autoridad de Aplicación: se reemplazaría al COMFER, actualmente intervenido por el Poder Ejecutivo, pero el organismo que lo sustituirá será compuesto mayormente también por el Poder Ejecutivo Nacional, y por representantes del Congreso de la Nación. Creemos necesaria la ampliación de este órgano a otros actores sociales minoritarios.

Por último, este anteproyecto propone garantizar la “pluralidad y la diversidad”, además de pugnar por “desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios”. Pero las acciones que promueve el Gobierno para cristalizar estas buenas intenciones son realmente insuficientes. Además de la necesaria derogación del decreto 527/05, la limitación de los oligopolios no se lleva a cabo en tanto que una misma persona pueda ser titular o tener participación en sociedades de hasta 10 licencias de radio o TV por aire y 24 por cable a nivel nacional.

Estos son algunos aportes que desde nuestro lugar podemos realizar. El debate sobre los medios de comunicación no comienza ni termina con la discusión sobre este proyecto de Ley, pero ésta se está dando y creemos importante participar, bregando por la inclusión de todas las voces. Como todos, este es un terreno de lucha desigual y asimétrico. Pero excluirnos es dar la batalla por perdida y dejar nuestra suerte librada al resultado de disputas ajenas. Quienes luchamos por el derecho a la comunicación como derecho humano fundamental, no vamos a aceptarlo.

AMARC-Argentina: "Lo que se lleva adelante es una lucha por la democratización de las comunicaciones"

Paula Castello es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). En esta entrevista nos cuenta cómo funciona AMARC y qué tareas realizan en Argentina y en Latinoamérica.

Contanos qué es AMARC

AMARC es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Es una red que articula al movimiento de Radios Comunitarias. Se fundó en el ‘83 en Quebec, Canadá. De ahí en adelante se empezó a articular en las diferentes regiones. Con el paso del tiempo se van haciendo asambleas mundiales cada 3 ó 4 años. En cada una de esas asambleas la red fue ganando institucionalidad y también definiendo un perfil político a medida que se fueron incorporando diferentes actores de varios lugares del mundo. Hoy AMARC está organizada en 5 regiones en todo el mundo. Una de esas regiones es América Latina y Caribe.

Y en América Latina hace alrededor de 8 años más o menos, se dio un proceso de refundación que básicamente tiene como principios la descentralización y la construcción desde las bases. Eso se traduce en lineamientos políticos, en una forma de organización, tiene que ver con que haya instancias nacionales de articulación de AMARC.

Hay diez programas de trabajo, cada uno con una persona a cargo pero también formando equipos tanto a nivel regional como sub-regional como los espacios nacionales.

¿Cómo se da esta articulación entre los espacios de base?

La instancia de participación más directa son los espacios nacionales, de hecho en cada país se va dando la forma que mejor les parece. Por ejemplo, en algunos países como Perú hay una red nacional que al mismo tiempo es representación de AMARC. En otros países como Argentina hay una mesa nacional que la integran 5 radios y al mismo tiempo hay 5 áreas de trabajo que fueron definidas en AMARC Argentina. Y a través de las instancias nacionales y los programas, que son los encargados de desarrollar concretamente las acciones de la red, se da la participación de las radios y de las personas que la integran a nivel regional, y en algunos casos también con actividades que vinculan a las diferentes regiones del mundo.

Con respecto al proyecto de Ley, ¿qué conclusiones tuvieron?

Apenas salió este proyecto lo analizamos en líneas generales, con una primera lectura. Y desde ese momento se acordó un pronunciamiento que es de apoyo al lineamiento general del proyecto, a la propuesta que se convertiría en proyecto de ley. Desde ya a nosotros nos parece muy relevante y transformador el hecho que la ley parta de un concepto de libertad de expresión, y que sea eso lo que determina todo el articulado, el reconocimiento de los 3 sectores: el privado comercial, el estatal y el sector sin fines de lucro, y en ese sentido la reserva del 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, que es una demanda que desde la Coalición venimos planteando desde hace 5 años, y desde otros espacios cada uno desde las organizaciones de las que forma parte, que venimos limitando desde hace 25 años.

Se acordó en principio el apoyo al proyecto, haciendo hincapié en contextualizar el hecho que ahora tengamos este proyecto, con este marco de 25 años de lucha que son condiciones de existencia de un proyecto como éste, y al mismo tiempo en ese momento asumimos el compromiso de participar de los foros, son el espacio que el Gobierno abrió para discutir, más que para discutir para decir lo que cada uno piensa porque tampoco la dinámica de los foros no necesariamente facilitaba el intercambio, pero sí asumir en ese espacio el protagonismo que pensamos que nos corresponde y que venimos militando desde hace mucho tiempo.

Nos volvimos a reunir ahora con una lectura mucho más profunda del proyecto y habiendo hecho muchas consultas a personas especialistas en el tema para redactar una serie de aportes concretos a la ley. En definitiva, en primer momento nos importó manifestar el apoyo al proyecto pero un apoyo que también incluye hacernos cargo de la necesidad que el gobierno incorpore los aportes que se hacen desde las diferentes organizaciones.

Con respecto a la articulación con otros países, las regulaciones vigentes en otros países, ¿tienen una política común?

Obviamente la defensa al derecho a la comunicación, que incluye un montón de campos, pero específicamente el jurídico, es la línea principal del marco. Suena panfletario, pero está dicho muy a conciencia, que desde la red lo que se lleva adelante es una lucha por la democratización de las comunicaciones. Simple y complejo como eso. Y se traduce en un montón de líneas de acción en ámbitos específicos desde la capacitación -porque creemos que además de tener el derecho de gestionar tus propios medios tenemos que fortalecer nuestras capacidades para hacerlo, para que cualquier persona tenga acceso a los medios también tenés que contar con ciertos recursos, no solo económicos también técnicos, prácticos, con saberes para manejar los medios, para hacer mejor aprovechamiento de los recursos que se cuentan- Entonces se labura desde diferentes líneas con ese mismo objetivo, y uno de los programas más fuertes y desde el que se viene haciendo un trabajo en todos los niveles, nacional, regional, internacional, es la legislación y el derecho a la comunicación Desde el acompañamiento a proyectos a radios que son decomisadas o sufren amenazas o que están en situaciones particulares de vulnerabilidad de sus derechos. Se labura directamente en relación con esos proyectos a través de una red de alertas y una red de solidaridad que funciona en el interior de AMARC, y también vinculación con otras organizaciones.

Se labura en las instancias nacionales para tratar de incidir en la regulación de los medios de comunicación en los diferentes países, por ejemplo participando de la redacción de proyectos en Guatemala o en Colombia donde hace poquito se legalizaron radios comunitarias en las ciudades capitales, o en México, donde desde hace un montón de años se viene trabajando también para conseguir permisos para radios y de a una, con cuentagotas, viendo cada caso particular, algunas radios fueron consiguiendo sus permiso para funcionar. Y así en cada país, en Argentina teniendo vínculos directos con algunas personas que estuvieron a cargo de acompañar todo el proceso de redacción del proyecto hasta participando de todos los espacios de debate donde creemos que tenemos algo para decir. También se labura en instancias internacionales, como por ejemplo llevando casos a la corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se labura mucho en la línea de investigaciones, ahora dentro de poco se va a publicar un libro donde se estudia el otorgamiento de concesiones de radiodifusión en América Latina, se armaron equipos en cada país y en cada uno se analizaron cómo se otorgaron y a quiénes las licencias en cada país, y cuáles son las legislaciones que rigen en cada país y qué violaciones existen y qué vericuetos tienen las leyes y a quiénes benefician.

Entonces se van trabajando todas esas instancias, y al mismo tiempo formando equipos en cada país para que no todo dependa de un programa centralizado en algunas personas que tienen los saberes y la experiencia, sino que también que cada uno de nosotros pueda ser un defensor o una defensora del derecho a la comunicación, con argumentos y con capacidad de análisis de los proyectos.

¿Qué medios pertenecen o qué criterios utilizan para que un medio sea considerado comunitario?

Hay como una definición de Radios comunitarias que siempre estuvo en reformulación. No es sencillo establecer qué es una radio comunitaria y qué no lo es. Y de hecho el término “comunitario” si bien engloba a muchas experiencias que se denominan como populares, alternativas, independientes, libres, etc. cada una de estas denominaciones implica una construcción y una conceptualización diferentes. Pero en líneas generales AMARC es una red amplia, no se rige por una nómina de condiciones que tenés que cumplir. Sí la forma de asociación, para garantizar que un proyecto sea alternativo o comunitario. Las asociaciones se hacen a través de las representaciones nacionales, lo cual garantiza que se tenga un conocimiento de los proyectos que no sea un contacto solamente visual. Formalmente se le pide a las organizaciones que les interese asociarse a AMARC que tengan el aval de otras organizaciones que ya sean parte de la red.

Básicamente se trata de organizaciones sin fines de lucro, como requerimientos formales, más allá que tengan una conformación legal o que no la tengan, o que tengan un permiso o que no lo tengan, es indistinto, pero sí conocer el proyecto y que sea una organización comprometida con la democratización de las comunicaciones, que tenga una forma coherente con esos principios, que pueda dar cuenta de cierta transparencia en el manejo de los recursos.

[más información en www.alc.amarc.org]

Nuevo año, nueva dirección de la carrera. ¿Nueva?

Tras las elecciones obligatorias del año pasado, la carrera de comunicación tiene un nuevo director: Alejandro Kaufman. A pesar de haber obtenido menos votos que otros dos candidatos, el voto ponderado de los claustros de graduados y docentes le otorgó la victoria y el sillón. Sin embargo, esta renovación parece no ser un verdadero cambio respecto de una dirección que no se interesó –ni se interesa- en abrir un verdadero debate sobre los problemas de la carrera que tenemos ni las posibilidades de hacer una carrera que verdaderamente queramos. No es casual, tampoco, que venga de la mano de una agrupación como Nexo.
Para el nuevo director hay que dejar de lado las quejas y seguir avanzando en la construcción de vayaunoasaberqué. El proyecto de Kaufman es bien sencillo: la UBA está en crisis, hay que conformarnos con lo que tenemos. Si bien las aulas se caen a pedazos, los docentes están mal pagos (a pesar de ser una de la carreras con menor cantidad de docentes ad honorem, estos aún existen), está toda la facultad dividida en un número cada vez mayor de edificios y el plan de estudios de nuestra carrera está cada vez más anquilosado, no podemos pretender ninguna clase de mejora ni ampliación en la participación. Así agrega un nuevo condimento al quietismo y apolitización de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. Un condimento fundamental para reproducir la misma dinámica con la cual él pudo acceder a su puesto.
Sus primeros días al mando de la carrera se vieron envueltos en una polémica enorme como la del Observatorio de Medios. El claro posicionamiento de la facultad y de la carrera a favor del gobierno nacional no fue debatido previamente con la comunidad académica. Ante el pedido por parte de los estudiantes de abrir un debate democrático sobre el tema, el director accedió concediendo un Foro docente-estudiantil para tratar la cuestión de “los observatorios de medios”. La discusión debía empezar con la asunción de que debía haber un observatorio e ir avanzando en los acuerdos parciales para la construcción del mismo. Es decir, en vez de un debate ideológico, el planteo del foro fue algo pragmático, donde la verdadera discusión quedó solapada. Para el director no tiene ninguna relevancia discutir la articulación de la facultad con el gobierno ni -muchísimo menos- intercambiar opiniones sobre la poca representatividad de su gestión. Esos son, para él, temas que pueden quedar atrás en la agenda por más de que sean los que a nosotros más nos interesen.
Dar lugar a nuestras inquietudes –y no a las que él cree que deberíamos tener- no está en sus planes. Una vez más, así como asumió sin que los estudiantes lo apoyáramos, nuestra participación en los asuntos de la facultad le parece un estorbo. Nos tenemos que limitar a opinar en los espacios y en las temáticas que él considere adecuados para hacer su gestión lo más operativa posible.
No pretendemos caer en una crítica ciega ni despiadada, sino que no queremos dejar pasar cuáles son los puntos más importantes de la dirección de una carrera como la nuestra. Nosotros, desde ContraHegemonía, no creemos en esta lógica de trabajo, porque no creemos que nada bueno se pueda construir sobre la base de “consensos” impuestos.