Estos días abundan los discursos acerca del reemplazo de la Ley 22.285, la Ley de Radiodifusión sancionada en nuestro país durante la última dictadura. Desde ContraHegemonía también estamos debatiendo sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se propone para reemplazarla. Pero antes de meternos en el proyecto y de decir si estamos “a favor” o “en contra” de la nueva ley, creemos que es necesario detenernos y pensar en el momento y en la modalidad en que la discusión se está llevando a cabo.
La iniciativa oficial surge tras la disputa entre el Gobierno y el sector rural, que comenzó en marzo del año pasado. Esto quebró una relación de confidencia, con favores de uno y otro lado, entre los grandes grupos mediáticos y el Gobierno de los Kirchner. Durante la presidencia de Néstor se sancionó, en el 2005, el decreto 527/05 que extendía el plazo de licencias a los dueños vigentes por diez años. La lucha mediática que se generó con el conflicto agropecuario provocó un giro en la posición de la Casa Rosada debido al respaldo de estos mismos grupos a sus socios de las patronales rurales. Así como consideramos en su momento que el relanzamiento del Observatorio de medios no funcionaba más que como un arma en esa batalla, podríamos interpretar que esta nueva discusión tiene el mismo sentido, tal como han hecho determinados actores. Sin embargo, tampoco simplificamos el tema, ni caemos en el discurso deshonesto y tergiversado de los grandes grupos de medios que denuncian en esta política un acto de censura y de avasallamiento de la libertad de prensa.
El debate en la agenda pública se presentó bajo la forma de una polarización con la que no nos identificamos. No caeremos en la defensa ciega de un proyecto de Ley planteado por el kirchnerismo como la “Ley de la democracia” en oposición a la “Ley de la dictadura”. Por dos razones: por un lado, este planteo es una operación retórica estratégica, pero no del todo cierta, ya que la actual legislación no es solamente resabio de la dictadura, sino que muchas modificaciones –regresivas en términos de democratización y derecho a la comunicación- fueron realizadas bajo los distintos gobiernos democráticos que le sucedieron (por ejemplo el decreto 527/05 recién mencionado). Y por otro lado, si realmente se trata de un anteproyecto abierto a modificaciones, críticas y aportes de todo tipo, no será nuestra tarea posicionarnos frente a él sino más bien estudiarlo, desgranarlo, y participar en su armado, sobre la base de que reconocemos la necesidad de reemplazar a la Ley de Radiodifusión vigente.
Además de los grandes multimedios y del gobierno nacional, hay en el campo de la comunicación muchos otros actores que reclamamos la democratización del mismo desde hace años y la sanción de una nueva ley es la instancia más adecuada, que trascenderá al gobierno que la sancione.
Sin embargo, una vez más vemos que el discurso oficial hace aguas. Se presenta un proyecto para debatir democráticamente pero se crean instancias con una disponibilidad para la participación muy limitada. Además del completo secreto en que fue elaborado y del poco tiempo que media entre la presentación del proyecto y su presentación al Congreso, no existen instancias de traducibilidad del lenguaje legal en que está escrito, de manera de acercarlo realmente a la sociedad en su conjunto, y se organizan Foros de debate que recorren el país (incluyendo nuestra facultad) pero que no fomentan la participación de todos los actores implicados e interesados en debatir sobre el tema. Tanto la Universidad como la sociedad en general tienen que tener un espacio desde donde aportar sus inquietudes, críticas e ideas.
Se desconocen los mecanismos que utilizará el Gobierno para garantizar que, tal como planteó el actual interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, “aquellos aportes que coinciden con el espíritu del Ejecutivo serán incorporados”. Incluso, en nuestra facultad, sede de la carrera de Comunicación más grande del país, el debate impulsado institucionalmente fue insuficiente, con escasas posibilidades de participación para quienes tuvieran un discurso potencialmente disidente.
En resumen, un mapeo del contexto nos arroja una situación paradójica en la que una ley que se propone fortalecer la democracia pretende nacer y consolidarse en condiciones poco equitativas, participativas o inclusivas del conjunto de la sociedad.
Creemos pertinente señalar algunas cuestiones abordadas en el anteproyecto de manera, a nuestro entender, erróneas o imprescindiblemente modificables para que la ley sea realmente progresiva. En primer lugar, saludamos la intención de reservar el 33% del espectro radioeléctrico para las personas jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, la imprecisión en cuanto a las diferencias entre quienes pueden entrar en esta clasificación hace difícil pensar cómo los medios populares, comunitarios y/o alternativos van a competir ante fundaciones, sindicatos, iglesias y otras organizaciones con un mayor poder económico para obtener el acceso a las licencias. Por eso, se debe definir específicamente a estos actores por sus características y su amplio trabajo en la difusión y en la lucha por una real democratización del campo de la comunicación.
Otro aspecto que nos toca íntimamente es la posibilidad de que las Universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales. Sin embargo, se deja sin especificar algo esencial, que tiene que ver con los recursos para llevar a cabo el funcionamiento de los medios universitarios. No están establecidos nuevos recursos estatales, y de este modo se ve favorecida la generación de relaciones comerciales entre la Universidad y el mercado. El proyecto tampoco se expresa exhaustivamente sobre el proceso de digitalización, ni sobre la regulación del triple play, por lo que de aprobarse la ley esto quedaría librado a la interpretación, y a priori favorecería a los grupos que detentan el poder económico necesario para su aplicación. Un punto importante es el cambio en la Autoridad de Aplicación: se reemplazaría al COMFER, actualmente intervenido por el Poder Ejecutivo, pero el organismo que lo sustituirá será compuesto mayormente también por el Poder Ejecutivo Nacional, y por representantes del Congreso de la Nación. Creemos necesaria la ampliación de este órgano a otros actores sociales minoritarios.
Por último, este anteproyecto propone garantizar la “pluralidad y la diversidad”, además de pugnar por “desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios”. Pero las acciones que promueve el Gobierno para cristalizar estas buenas intenciones son realmente insuficientes. Además de la necesaria derogación del decreto 527/05, la limitación de los oligopolios no se lleva a cabo en tanto que una misma persona pueda ser titular o tener participación en sociedades de hasta 10 licencias de radio o TV por aire y 24 por cable a nivel nacional.
Estos son algunos aportes que desde nuestro lugar podemos realizar. El debate sobre los medios de comunicación no comienza ni termina con la discusión sobre este proyecto de Ley, pero ésta se está dando y creemos importante participar, bregando por la inclusión de todas las voces. Como todos, este es un terreno de lucha desigual y asimétrico. Pero excluirnos es dar la batalla por perdida y dejar nuestra suerte librada al resultado de disputas ajenas. Quienes luchamos por el derecho a la comunicación como derecho humano fundamental, no vamos a aceptarlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario