El debate sobre la nueva Ley de Radiodifusión: ¿Un verdadero golpe a los grandes grupos mediáticos o más de lo mismo?

Después de 28 años se puso en debate la modificación de la Ley 22.285 de Radiodifusión. Esta ley regula los procedimientos en materia de medios de comunicación en Argentina y rige como tal desde 1980. En aquel momento fue sancionada en el marco del nefasto “Proceso de reorganización nacional", de la última dictadura. Durante la, también nefasta, década del '90, el gobierno de C. Men*m hizo algunos retoques que tuvieron como gran novedad modificar el artículo 45, inciso “E”. Este artículo hacía mención a la concentración mediática, es decir, planteaba que los propietarios de medios gráficos no podían ser propietarios de medios audiovisuales y viceversa. La modificación permitió que a partir de entonces apareciera la formación de multimedios.
Por estos días de debate sobre lo que será la nueva ley, este punto es uno de los más fuertes porque atenta contra los principios del derecho a la información de las personas, y a su vez toca una fibra delicada para los grandes grupos mediáticos del país.
En el mes de Marzo estalló lo que en la agenda mediática fue resumido como el conflicto "Campo vs. Gobierno", y al mismo tiempo estalló la "batalla entre el gobierno y Clarín". Todo comenzó cuando se empezó a criticar desde la tarima política, la postura del multimedios como defensor acérrimo de los intereses de "el campo".
La primera respuesta de los K contra el grupo fue de la mano del resucitado Observatorio de Medios.

La siguiente medida fue anunciar la necesidad de una modificación en la Ley de Radiodifusión, y así comenzó el debate que hasta hoy continúa.
El COMFER planta que es necesario poner en vigencia un “nuevo proyecto comunicacional en Argentina”, y en ese marco se convocó desde el gobierno a diversidad de actores sociales para que presenten sus proyectos.
A partir de todo esto se conforma una "Coalición" que plantea "21 puntos básicos por el derecho a la comunicación". Esta propuesta, como estudiantes de Comunicación de la UBA nos interesa particularmente porque a ella adhiere FADECCOS (Federación Argentina de Carreras de Comunicación). Lo interesante es que plantea cosas contrarias al proceder que históricamente ha tenido la carrera frente a reclamos que hace años los estudiantes venimos planteando. Uno de esos casos es la discusión sobre el acceso o participación de los estudiantes en la radio de la UBA (FM 90.5). Espacio al que la gran e inmensa mayoría de los estudiantes de Comunicación no tenemos acceso, aunque muchos tenemos demos, ideas y cosas que nos gustaría decir a través de un micrófono radial, y qué mejor que aprovechar la radio de nuestra Universidad.
Si desde los distintos organismos, agrupaciones y "coaliciones" se plantea la necesidad de "una ley de radiodifusión para la democracia", de la "diversidad y el pluralismo como objetivo en la reglamentación de radiodifusión", y "la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos" en materia de comunicación, sería interesante que todas estas propuestas se pongan en práctica realmente, y que no queden en más de lo mismo.

¿Qué son los 21 puntos?

Es un documento que consta de 21 puntos, creado por una coalición de organizaciones sociales, alrededor de cien, entre las que figuran sindicatos, sectores académicos, universidades, radios comunitarias, organizaciones religiosas y otras específicamente vinculadas a la comunicación.
La Multisectorial por la Radiodifusión Democrática solicitará entre otros puntos, mayores avances por desmonopolizar la actividad para evitar la concentración de la propiedad de los medios, como lo impulsa el punto seis del documento, y promover el pluralismo para integrar a diversas organizaciones sociales y garantizar la diversidad cultural -punto 5-.
Otros de los pedidos fundamentales es el punto cuatro en el que se solicita otorgar frecuencias en forma transparente sin permitir las transferencias, ventas o subastas, como también conocer a los verdaderos dueños de los medios, para esto formulan la implementación de un registro público y abierto de licencias en el inciso 9.